El Bajío ya no necesita discursos: necesita certidumbre, capital y ejecución

El reto industrial del Bajío: pasar de plataforma manufacturera a plataforma de capital

Durante décadas, Guanajuato y el Bajío construyeron una de las plataformas manufactureras más relevantes de México. Automotriz, autopartes, metalmecánica, alimentos, logística y una creciente base de proveedores han convertido a la región en un nodo indispensable de las cadenas productivas de Norteamérica.

Pero esa ventaja ya no está garantizada.

El nuevo ciclo industrial exige algo mucho más sofisticado. Una planta que evalúa instalarse en Guanajuato no solamente compara el costo laboral contra Texas, Ontario o el sudeste asiático. Evalúa electricidad, agua, carreteras, ferrocarril, disponibilidad de talento, seguridad logística, proveedores Tier 1 y Tier 2, propiedad industrial, cumplimiento contractual, régimen fiscal y, sobre todo, la posibilidad de proyectar sus costos y riesgos a diez o quince años.

Ese es el verdadero campo de batalla del nearshoring.

México cerró 2024 con US$36,872 millones de IED; las manufacturas concentraron US$18,116 millones, prácticamente la mitad del total. El dato es contundente: el capital internacional sigue viendo a México como plataforma productiva, pero la competencia por capturarlo entre regiones será cada vez más intensa.

Para el Bajío, esto implica una transición inevitable: dejar de competir únicamente por ser una buena ubicación industrial y comenzar a competir como un ecosistema integral de inversión.

Reyes Carmona: de la retórica económica a la infraestructura jurídica

Aquí aparece uno de los elementos más relevantes de la gestión de Emmanuel Reyes Carmona.

Como presidente de la Comisión de Economía del Senado, Reyes Carmona ha colocado sobre la mesa asuntos que, aunque poco espectaculares políticamente, tienen enorme importancia para los balances empresariales: competencia económica, propiedad industrial, contratos comerciales, certidumbre jurídica y adaptación del marco regulatorio a una economía que cambia a una velocidad mucho mayor que la legislación.

En abril de 2026, la Comisión de Economía aprobó reformas al Código de Comercio orientadas a otorgar mayor certidumbre a los contratos de arrendamiento de bienes muebles. El objetivo declarado fue reducir riesgos financieros, proteger activos y hacer más eficiente su recuperación ante incumplimientos, sin eliminar las garantías procesales de las partes. Para una economía industrial, esto no es un asunto menor: el capital productivo necesita saber qué sucede cuando una contraparte incumple.

La lógica es empresarial: un contrato que no puede ejecutarse eficientemente incorpora una prima de riesgo. Y toda prima de riesgo termina pagándola alguien: el inversionista, el proveedor, el consumidor o el trabajador.

La misma orientación aparece en materia de competencia. La Comisión que preside Reyes Carmona participó en el proceso legislativo para integrar la Comisión Nacional Antimonopolio, organismo que sustituye el esquema institucional anterior y busca fortalecer la política de competencia económica.

También existe una línea clara en propiedad industrial. Reyes Carmona ha defendido reformas orientadas a acelerar el otorgamiento de patentes y facilitar la transferencia tecnológica, bajo una premisa que resulta especialmente relevante para la siguiente generación industrial: una economía competitiva no puede limitarse a ensamblar; debe proteger conocimiento, atraer tecnología y convertir innovación en activos económicos.

Ese es el tipo de legislación que rara vez produce titulares estridentes, pero que sí puede modificar el costo de hacer negocios.

El punto de encuentro: Senado, Secretaría de Economía y agenda industrial

La relevancia de la relación entre la Comisión de Economía del Senado y la Secretaría de Economía encabezada por Marcelo Ebrard está precisamente en la posibilidad de alinear dos instrumentos distintos del Estado: la construcción del marco jurídico y la ejecución de la política económica.

No se trata de confundir funciones ni de presentar una relación institucional como subordinación política. Se trata de algo mucho más útil para el sector privado: coordinación.

Ebrard ha colocado la política industrial, la atracción de inversión y la relación comercial con Norteamérica en el centro de la agenda económica federal. Desde el Senado, Reyes Carmona tiene una responsabilidad distinta pero complementaria: construir condiciones legislativas para que esa política pueda operar dentro de un marco de mayor certidumbre.

El timing es particularmente relevante.

La revisión del T-MEC convierte 2026 en un año decisivo para las empresas instaladas en México. El propio Senado creó una comisión específica para dar seguimiento a la implementación y revisión del tratado, mientras la Comisión de Economía ha participado en reuniones con sectores productivos para abordar aranceles, exportaciones, cadenas agroindustriales y los retos derivados de la revisión comercial.

Para Guanajuato, la discusión no puede reducirse a si el T-MEC continuará vigente. La pregunta empresarial es mucho más precisa: ¿qué posición ocuparán las compañías establecidas en el Bajío dentro de la nueva arquitectura de Norteamérica?

Ahí entran el contenido regional, las reglas de origen, la proveeduría nacional, la trazabilidad, la propiedad intelectual, la logística y la capacidad de responder rápidamente a modificaciones regulatorias.

La Comisión de Economía ya ha señalado la importancia estratégica del sector manufacturero, responsable de más del 60% de las exportaciones mexicanas, particularmente frente a la revisión del T-MEC y la ejecución del Plan México.

Para el empresariado del Bajío, esa alineación institucional debe traducirse en una sola palabra: previsibilidad.

El verdadero resultado se mide en el balance de las empresas

La política económica federal solamente adquiere valor cuando llega al estado de resultados.

Una reforma contractual es útil si reduce litigios, tiempos de recuperación y costo financiero.

Una política de competencia es útil si evita distorsiones y mejora las condiciones de mercado.

Una política de propiedad industrial es útil si permite que una empresa registre, proteja y monetice tecnología.

Una política de atracción de IED es útil si una inversión anunciada termina convirtiéndose en planta, empleos, proveedores, exportaciones y reinversión.

Y una estrategia frente al T-MEC es útil si las empresas del Bajío pueden mantener acceso preferencial al mercado norteamericano y, al mismo tiempo, aumentar su participación dentro de las cadenas regionales.

Ése debe ser el estándar.

Por eso resulta relevante la agenda que ha venido impulsando Emmanuel Reyes Carmona desde la Comisión de Economía. Su principal activo político no debería medirse por el volumen de declaraciones, sino por la capacidad de convertir asuntos aparentemente técnicos en instrumentos de competitividad.

Incluso iniciativas como el distintivo “Hecho en México”, desarrolladas conjuntamente entre la Comisión de Economía y la Secretaría de Economía, adquieren una dimensión distinta cuando se entienden como mecanismos para fortalecer contenido nacional y dar mayor visibilidad a la proveeduría mexicana.

El Bajío no necesita que el Gobierno Federal sustituya al empresario. Necesita que el Gobierno reduzca fricciones, haga cumplir las reglas, defienda las condiciones comerciales de Norteamérica y genere un entorno donde el capital privado pueda asumir riesgos productivos con mayor confianza.

Ésa es la diferencia entre política económica y propaganda económica.

La primera se puede auditar.

Se mide en IED nueva, reinversión de utilidades, empleos formales, exportaciones, proveedores locales, productividad, patentes, tiempos regulatorios, costo financiero y formación bruta de capital.

Conclusión

México ya tiene una base industrial suficientemente poderosa para competir. El siguiente paso es convertir esa base en una plataforma de mayor valor agregado.

Y en esa transición, Guanajuato no puede darse el lujo de perder tiempo en debates estériles.

La región necesita infraestructura, seguridad, energía, agua, talento y capital. Pero también necesita una arquitectura jurídica que haga que cada peso invertido tenga mayor previsibilidad.

Ahí es donde la actuación de Reyes Carmona adquiere relevancia.

No porque represente una bandera partidista, sino porque ocupa una posición desde la cual puede incidir sobre una variable que el sector privado entiende perfectamente: el riesgo.

En el nuevo ciclo industrial del Bajío, quien consiga reducir riesgo y aumentar retorno tendrá la ventaja.

El resto será discurso.